POR EL CUAL SE RECONOCE PATRIMONIALMENTE UN DAÑO ANTIJURIDICO CAUSADO POR EL ESTADO Y SE DICTAN NORMAS EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES AFECTADOS POR EL DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA DEL PAÍS, CON EL CIERRE ILEGAL DE LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO