POR LA CUAL SE REESTRUCTURA LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, SE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, SE IMPLEMENTA SU FISCALÍA GENERAL PENAL MILITAR Y POLICIAL, SE ORGANIZA SU CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, SE SEÑALAN DISPOSICIONES SOBRE COMPETENCIA PARA EL TRÁNSITO AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PARA GARANTIZAR SU PLENA OPERATIVIDAD EN LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
Este proyecto crea una fiscalía y un equipo de investigación propios para juzgar a miembros de la fuerza pública. El cambio busca que los procesos contra militares y policías sean más rápidos y organizados. Es importante porque define quién y cómo se investigarán los delitos cometidos por uniformados en el ejercicio de sus funciones.
El trámite indica que este proyecto ya pasó por debates o fue sancionado; aún no hay votaciones enlazadas en esta base.